Las investigaciones que se ocupan del problema funcional de la Administración de justicia se pueden distinguir las que lo consideran desde el punto de vista organizativo, de aquellas que lo consideran desde un punto de vista predominantemente económico. Sin embargo, tanto las unas como las otras han entendido siempre la crisis de la justicia como crisis del funcionamiento del aparato judicial y, más exactamente, como crisis de un aparato que resulta no estar ya en situación de satisfacer las demandas crecientes y las exigencias apremiantes de nuestra sociedad en transformación.En el ámbito del problema funcional, las investigaciones que consideran a la Administración de justicia desde el punto de vista económico-social, así como las que lo hacen desde el punto de vista organizativo, consideran la crisis de la justicia esencialmente como crisis de funcionamiento del aparato judicial, y se dirigen fundamentalmente a determinar la eficiencia y la eficacia del aparato judicial.En la investigación sobre las actitudes de los jueces hacia la estructura de clase, ha constatado ante todo que, entre los jueces, así como entre todos aquellos que ocupan posiciones sociales superiores, se manifiesta el más bajo porcentaje de aquellas «orientaciones dicotómicas» a las que suele, por lo general, atribuirse el significado de una visión conflictiva de la estructura de clase, en el sentido clásico del término, y se manifiesta también, por consiguiente, el más bajo nivel de visión del problema desde la categoría «clase social». Ha destacado además que entre los jueces, al igual que entre otras personas colocadas en posiciones superiores, se manifiesta un optimismo acerca del futuro de las diferencias sociales, que no es compartido en la misma medida por el resto de la población; se trata de un optimismo que tiende a considerar la actual estructura de clase más como un continuum de estratos adyacentes que como una contraposición de clases antagónicas.El problema ideológico de la Administración de justicia, entendido como el problema de los valores políticos y sociales que inspiran a los magistrados en sus decisiones, y les conducen a tomar posición sobre instituciones y conductas delictivas particularmente significativas, ha sido objeto de dos investigaciones distintas: una de carácter fundamentalmente histórico, centrada en los problemas de la huelga y de los conflictos de trabajo, y otra de carácter fundamentalmente sociológico, dirigida no solo al estudio de estos problemas, sino también de otros referentes al derecho de familia, al derecho penal y al sistema legislativo considerado en su conjunto.RENATO TREVES